Con relación a la opinión de Diario El Comercio, expresada en su columna editorial del día martes 30 de noviembre último, bajo el título “Las renuncias contra la democracia”, nuevamente me veo en la obligación cívica de explicar mi excusa a integrarme al Pleno del Congreso Nacional.
Cuando la sociedad anhela una reforma profunda de su ordenamiento interno y estructura de poder, entre otras medidas, es necesario convocar a conformar un Poder Constituyente, para restablecer y fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho. En el contexto del actual proceso de reforma que vivimos en el Ecuador, mi negativa a principalizarme como diputado del Congreso Nacional, de ningún modo fue por temor a su anunciada disolución. Por el contrario, fue la expresión frontal y pública de mi rechazo a las deplorables prácticas de la clase política del país, producto de su falta de cultura e inmadurez política. De otra parte, no creo que mi excusa haya coadyuvado a la destrucción de dicha función del Estado, tal como sugiere su editorial, pues son otros actores los que ya se encargaron de ello, debilitando consigo todo el sistema de valores que se supone debe sostener a un país: honestidad, confianza, transparencia, productividad, solidaridad, equidad y justicia. Ante esta situación también es legítimo preguntar: ¿Los defensores de su curul, a costa de la necesaria institucionalidad, tendrán la osadía de volver a presentarse como candidatos a una función de elección popular, cuando han hecho caso omiso a la voluntad popular? Los padres de la patria deben escuchar la voz de sus hijos, no encerrarse en cuatro paredes sin saber lo que en realidad pasa afuera. En tal sentido, y no en otro, se debería entender mi renuencia a formar parte de un grupo de diputados deslegitimados, mas no a formar parte de una institución que a mi parecer si es necesaria dentro de un Estado democrático.
Cuando la sociedad anhela una reforma profunda de su ordenamiento interno y estructura de poder, entre otras medidas, es necesario convocar a conformar un Poder Constituyente, para restablecer y fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho. En el contexto del actual proceso de reforma que vivimos en el Ecuador, mi negativa a principalizarme como diputado del Congreso Nacional, de ningún modo fue por temor a su anunciada disolución. Por el contrario, fue la expresión frontal y pública de mi rechazo a las deplorables prácticas de la clase política del país, producto de su falta de cultura e inmadurez política. De otra parte, no creo que mi excusa haya coadyuvado a la destrucción de dicha función del Estado, tal como sugiere su editorial, pues son otros actores los que ya se encargaron de ello, debilitando consigo todo el sistema de valores que se supone debe sostener a un país: honestidad, confianza, transparencia, productividad, solidaridad, equidad y justicia. Ante esta situación también es legítimo preguntar: ¿Los defensores de su curul, a costa de la necesaria institucionalidad, tendrán la osadía de volver a presentarse como candidatos a una función de elección popular, cuando han hecho caso omiso a la voluntad popular? Los padres de la patria deben escuchar la voz de sus hijos, no encerrarse en cuatro paredes sin saber lo que en realidad pasa afuera. En tal sentido, y no en otro, se debería entender mi renuencia a formar parte de un grupo de diputados deslegitimados, mas no a formar parte de una institución que a mi parecer si es necesaria dentro de un Estado democrático.
