Ética y liderazgo siempre formaran parte de un conjunto de palabras positivas no solo dentro del ámbito público y político, sino de todas las instancias que la sociedad permite, pero en esta monografía las analizaremos de manera útil y ligada una de otra, para entenderlo iniciemos con la siguiente hipótesis: “Las decisiones políticas han ido evolucionando a través del tiempo, transformándose en ideas provenientes de individuos dotados de liderazgo político con medidas éticas, dejando a un lado las consecuencias cortoplacistas de poder.”
Para comprobar esta hipótesis, tomamos como punto de referencia los momentos políticos de los últimos seis meses en Ecuador.
Para situarnos en este contexto, primeramente es necesario tener en cuenta el siguiente antecedente:
En el mes de Noviembre de 2004, el Presidente Lucio Gutiérrez logra conformar una mayoría en el Congreso Nacional, para realizar “modificaciones estructurales” al sistema político ecuatoriano.
Rompiendo con preceptos constitucionales, con esta mayoría, conformada por el Partido Sociedad Patriótica (PSP), Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), y pequeñas minorías, decide cesar en sus funciones a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, utilizando la fuerza para sustituirlos y nombrando sus reemplazos. La Nueva Corte Suprema asume sus competencias y se irrumpe la armonía del Estado de Derecho.
Como consecuencia de este acontecimiento, los partidos de oposición, las organizaciones sociales y la sociedad civil en general rechaza de manera categórica este lamentable hecho y comienzan a organizar movilizaciones.
La inestabilidad política del país en los últimos años se ha atribuido a marchas y paralizaciones que siempre han tenido el único y sesgado objetivo, la revocatoria del mandato del presidente de turno, comenzamos por Abdalá Bucaram en 1996 y luego con Jamil Mahuad en 1999.
Este tipo de decisiones políticas, de antigua práctica, comenzaron a cambiar históricamente de rumbo, creándose procedimientos más eficaces de protesta y presión, desde lo que la ética política nos enseña a proceder.
Para explicar esto, basta con redactar el resultado de las marchas anti gobiernistas realizadas el 25 de enero del presente año en Guayaquil y esta última el 16 de febrero en Quito; pero la clave se encuentra en quiénes lideraron estas movilizaciones y cómo sus decisiones influyeron a no desestabilizar el país.
Comenzando por Guayaquil, establezcamos primeramente los siguientes hechos: se realizaron dos marchas al mismo tiempo, la anti-gobiernista y la oficialista.
La marcha anti-gobiernista fue apoyada por la mayoría de los ciudadanos guayaquileños y liderados por su alcalde el Abogado Jaime Nebot, militante y ex candidato presidencial del Partido Social Cristiano.
Al interior partidista se originó una fractura por el dilema entre los objetivos claros que debía tener la denominada Marcha Blanca.
El líder máximo y Ex Presidente de la República Ingeniero León Febres Cordero, consideraba que la Marcha Blanca debía tener un tinte político, es decir con el único y puntual propósito de buscar la caída del gobierno de Gutiérrez; mientras que su coideario Nebot lo contradice y replica al ex mandatario argumentando que la Marcha Blanca debe tener un carácter cívico, sin buscar desestabilizar al gobierno, pero ejerciendo presión para que rectifique en sus decisiones inconstitucionales y violentas contra el Estado de Derecho; y para que asuma su responsabilidad en el tema de la creación de autonomías provinciales que desde hace mucho tiempo no se toca, ya que el gobierno central sigue retrasándose en la transferencia de asignaciones para las obras que el Municipio Porteño debe cumplir.
La nueva, pacífica y razonable propuesta de Nebot fue acogida por la mayoría del los socialcristianos y la sociedad civil en general, realizándose de manera tranquila pero exitosa la Marcha Blanca Cívica.
En la otra cara de la moneda se encontraba en cambio el Partido Roldosista Ecuatoriano, ya que su obligación fue organizar una contramarcha pro-gobiernista, la cual, desde el punto de vista de su líder máximo Abogado Abdalá Bucaram, debía tener también un objetivo claro: “ Defender el gobierno de Gutiérrez, cruzándose en la trayectoria de la Marcha Blanca e impidiendo que siga adelante, sin importar los enfrentamientos que esto pueda ocasionar”; la ventaja es que el líder Roldosista se encuentra en Panamá, por lo que opta encargar el liderazgo de este hecho al periodista Jimy Jairada, quien pudo enfrentarse a Nebot en las últimas elecciones y obtuvo un importante 29% de la votación.
El papel que juega Jairala es protagónico en este proceso, ya que de la misma manera que Nebot, propone a Bucaram realizar una marcha pacífica y paralela a la blanca, sin llegar a cruzarse y menos aún provocar un enfrentamiento. Esta propuesta es aceptada por Bucaram y Jairala lideró una marcha pro-gobiernista pacífica y paralela a la Marcha Blanca, aunque sin mucha aceptación de la ciudadanía.
Ahora, meses después y trasladándonos a la Capital de la República Quito, fuimos testigos de la organización de la Marcha por la Democracia, que acaparó la atención el pasado 16 de febrero.
En este caso fue diferente, ya que intervinieron varios actores y por este motivo fue difícil identificar un líder que encamine a los quiteños a protestar en contra de las arbitrariedades y resquebrajamiento de nuestro Estado de Derecho.
Sin embargo quienes dirigieron, de manera plausible fueron, el Alcalde Paco Moncayo y el Prefecto Ramiro González, quienes ganaron recientemente la reelección y tenían plena legitimidad para ocupar ese protagonismo. Estos personajes pudieron liderar la Marcha que en un inicio fue propuesta por el partido opositor al gobierno Izquierda Democrática, a través de su presidente Guillermo Landázuri.
La Marcha por la Democracia de igual manera fue un éxito y se llevó acabo de manera pacífica y cívica, paralela a otra manifestación pro-gobiernista convocada por la dirigencia del partido oficialista.
La voz del pueblo se hizo sentir mucho esta vez sin necesidad de llegar a acontecimiento caóticos para la gobernabilidad ecuatoriana pero ejerciendo presión para que partidos y movimientos que en algún momento tuvieron parte en la conformación de esta deshonrosa Corte Suprema, ahora estén a favor de crear un procedimiento legal para construir la nueva y definitiva Corte, regresando al país a su orden y regresándolo al tan aclamado Estado de Derecho, lamentablemente no se tiene todavía una garantía fiel de que esto ocurra.
Por lo tanto con estos datos empíricos se podría evidenciar una clara evolución en la toma de decisiones políticas, respetando la institucionalidad del país y dejando a un lado las viejas formas de practicar oposición, abriendo las puertas a nuevos liderazgo en los mismos partidos políticos que con tanta necesidad necesitan renovarse y convertirse en verdaderos canales de las demandas del ciudadano común que desea vivir en un estado próspero para él y sus generaciones.
Para comprobar esta hipótesis, tomamos como punto de referencia los momentos políticos de los últimos seis meses en Ecuador.
Para situarnos en este contexto, primeramente es necesario tener en cuenta el siguiente antecedente:
En el mes de Noviembre de 2004, el Presidente Lucio Gutiérrez logra conformar una mayoría en el Congreso Nacional, para realizar “modificaciones estructurales” al sistema político ecuatoriano.
Rompiendo con preceptos constitucionales, con esta mayoría, conformada por el Partido Sociedad Patriótica (PSP), Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), y pequeñas minorías, decide cesar en sus funciones a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, utilizando la fuerza para sustituirlos y nombrando sus reemplazos. La Nueva Corte Suprema asume sus competencias y se irrumpe la armonía del Estado de Derecho.
Como consecuencia de este acontecimiento, los partidos de oposición, las organizaciones sociales y la sociedad civil en general rechaza de manera categórica este lamentable hecho y comienzan a organizar movilizaciones.
La inestabilidad política del país en los últimos años se ha atribuido a marchas y paralizaciones que siempre han tenido el único y sesgado objetivo, la revocatoria del mandato del presidente de turno, comenzamos por Abdalá Bucaram en 1996 y luego con Jamil Mahuad en 1999.
Este tipo de decisiones políticas, de antigua práctica, comenzaron a cambiar históricamente de rumbo, creándose procedimientos más eficaces de protesta y presión, desde lo que la ética política nos enseña a proceder.
Para explicar esto, basta con redactar el resultado de las marchas anti gobiernistas realizadas el 25 de enero del presente año en Guayaquil y esta última el 16 de febrero en Quito; pero la clave se encuentra en quiénes lideraron estas movilizaciones y cómo sus decisiones influyeron a no desestabilizar el país.
Comenzando por Guayaquil, establezcamos primeramente los siguientes hechos: se realizaron dos marchas al mismo tiempo, la anti-gobiernista y la oficialista.
La marcha anti-gobiernista fue apoyada por la mayoría de los ciudadanos guayaquileños y liderados por su alcalde el Abogado Jaime Nebot, militante y ex candidato presidencial del Partido Social Cristiano.
Al interior partidista se originó una fractura por el dilema entre los objetivos claros que debía tener la denominada Marcha Blanca.
El líder máximo y Ex Presidente de la República Ingeniero León Febres Cordero, consideraba que la Marcha Blanca debía tener un tinte político, es decir con el único y puntual propósito de buscar la caída del gobierno de Gutiérrez; mientras que su coideario Nebot lo contradice y replica al ex mandatario argumentando que la Marcha Blanca debe tener un carácter cívico, sin buscar desestabilizar al gobierno, pero ejerciendo presión para que rectifique en sus decisiones inconstitucionales y violentas contra el Estado de Derecho; y para que asuma su responsabilidad en el tema de la creación de autonomías provinciales que desde hace mucho tiempo no se toca, ya que el gobierno central sigue retrasándose en la transferencia de asignaciones para las obras que el Municipio Porteño debe cumplir.
La nueva, pacífica y razonable propuesta de Nebot fue acogida por la mayoría del los socialcristianos y la sociedad civil en general, realizándose de manera tranquila pero exitosa la Marcha Blanca Cívica.
En la otra cara de la moneda se encontraba en cambio el Partido Roldosista Ecuatoriano, ya que su obligación fue organizar una contramarcha pro-gobiernista, la cual, desde el punto de vista de su líder máximo Abogado Abdalá Bucaram, debía tener también un objetivo claro: “ Defender el gobierno de Gutiérrez, cruzándose en la trayectoria de la Marcha Blanca e impidiendo que siga adelante, sin importar los enfrentamientos que esto pueda ocasionar”; la ventaja es que el líder Roldosista se encuentra en Panamá, por lo que opta encargar el liderazgo de este hecho al periodista Jimy Jairada, quien pudo enfrentarse a Nebot en las últimas elecciones y obtuvo un importante 29% de la votación.
El papel que juega Jairala es protagónico en este proceso, ya que de la misma manera que Nebot, propone a Bucaram realizar una marcha pacífica y paralela a la blanca, sin llegar a cruzarse y menos aún provocar un enfrentamiento. Esta propuesta es aceptada por Bucaram y Jairala lideró una marcha pro-gobiernista pacífica y paralela a la Marcha Blanca, aunque sin mucha aceptación de la ciudadanía.
Ahora, meses después y trasladándonos a la Capital de la República Quito, fuimos testigos de la organización de la Marcha por la Democracia, que acaparó la atención el pasado 16 de febrero.
En este caso fue diferente, ya que intervinieron varios actores y por este motivo fue difícil identificar un líder que encamine a los quiteños a protestar en contra de las arbitrariedades y resquebrajamiento de nuestro Estado de Derecho.
Sin embargo quienes dirigieron, de manera plausible fueron, el Alcalde Paco Moncayo y el Prefecto Ramiro González, quienes ganaron recientemente la reelección y tenían plena legitimidad para ocupar ese protagonismo. Estos personajes pudieron liderar la Marcha que en un inicio fue propuesta por el partido opositor al gobierno Izquierda Democrática, a través de su presidente Guillermo Landázuri.
La Marcha por la Democracia de igual manera fue un éxito y se llevó acabo de manera pacífica y cívica, paralela a otra manifestación pro-gobiernista convocada por la dirigencia del partido oficialista.
La voz del pueblo se hizo sentir mucho esta vez sin necesidad de llegar a acontecimiento caóticos para la gobernabilidad ecuatoriana pero ejerciendo presión para que partidos y movimientos que en algún momento tuvieron parte en la conformación de esta deshonrosa Corte Suprema, ahora estén a favor de crear un procedimiento legal para construir la nueva y definitiva Corte, regresando al país a su orden y regresándolo al tan aclamado Estado de Derecho, lamentablemente no se tiene todavía una garantía fiel de que esto ocurra.
Por lo tanto con estos datos empíricos se podría evidenciar una clara evolución en la toma de decisiones políticas, respetando la institucionalidad del país y dejando a un lado las viejas formas de practicar oposición, abriendo las puertas a nuevos liderazgo en los mismos partidos políticos que con tanta necesidad necesitan renovarse y convertirse en verdaderos canales de las demandas del ciudadano común que desea vivir en un estado próspero para él y sus generaciones.
Javier Orti
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